Desarrollo e integración de soluciones de interoperabilidad para conectar sistemas de distintas entidades del gobierno cubano bajo el marco nacional obligatorio de datos.
El marco nacional de interoperabilidad obligatorio requiere desarrollo e integración de sistemas para toda la administración pública cubana.
El desarrollo de infraestructura de gobierno digital en Cuba está concentrado en dos empresas estatales y una universidad, no en un mercado abierto de proveedores. Desoft completó la primera etapa del Proyecto de Gobierno Electrónico dando soporte tecnológico a más de 160 portales provinciales y municipales integrados bajo el dominio gob.cu, con el objetivo declarado de que el ciudadano interactúe en un espacio único sin manejar múltiples sistemas dispersos. Xetid, brazo tecnológico de las FAR, desarrolla sistemas de gestión gubernamental como Sigerh (recursos humanos) y la plataforma de pagos EnZona. La UCI mantiene diez Centros de Desarrollo de Software, entre ellos el CEGEL (Centro de Gobierno Electrónico), que investiga interoperabilidad, compatibilidad y seguridad de redes para el sector público, y publicó en 2020 un marco conceptual ("Ideas iniciales del esquema nacional de interoperabilidad para el Gobierno electrónico en Cuba", Revista Cubana de Transformación Digital) que ya identificaba la necesidad de una plataforma de interoperabilidad y autenticación, un anillo interministerial de fibra óptica y un centro de servicios compartidos. El Observatorio de Gobierno Digital de Cuba (convenio Universidad de La Habana–MINCOM) monitorea el avance y ubica al país todavía en la segunda de cuatro etapas de madurez (interacción), con resultados incipientes de una tercera etapa (transacción). No hay evidencia pública de proveedores privados operando en este segmento: la interoperabilidad técnica hoy se resuelve, cuando se resuelve, dentro del aparato estatal.
Soporte tecnológico a más de 160 portales gob.cu; responsable de la primera etapa del Proyecto de Gobierno Electrónico.
Brazo tecnológico de las FAR; sistemas de gestión gubernamental (Sigerh) y pagos electrónicos (EnZona).
Investigación y desarrollo de software en interoperabilidad, compatibilidad y seguridad de redes para el sector público.
El comprador es el propio Estado cubano: los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y los gobiernos territoriales que hoy operan sistemas aislados y necesitan conectarse bajo el marco nacional obligatorio. Los nodos con mayor presión de integración son los que ya sostienen trámites masivos: registro del estado civil, sistema tributario (ONAT), aduanas, salud (MINSAP), la Plataforma de Actores Económicos y los más de 160 portales provinciales y municipales bajo el dominio gob.cu que Desoft ya soporta técnicamente. La contratación no funciona como venta abierta de software: es un mercado de proyecto público, adjudicado por organismo o por Consejo de la Administración, casi siempre canalizado a través de o en subcontratación con las empresas estatales del Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones (Desoft, Xetid), no como compra directa de una pyme privada a un ministerio.
No existe un canal de venta directa de software al Estado al estilo mercado abierto: el modelo viable es el de proyecto de integración contratado o subcontratado. Opciones realistas: (1) subcontratista técnico de Desoft o Xetid en tareas puntuales de conexión entre sistemas (diseño de APIs, mapeo de esquemas de datos, ETL entre bases de datos de distintos organismos); (2) consultoría de arquitectura de datos y definición de estándares de intercambio (formatos, catálogos de metadatos, contratos de API) para un organismo específico, vendida como proyecto cerrado con entregable, no como suscripción; (3) middleware o conectores especializados para un par concreto de sistemas (por ejemplo, tributario-aduanas o registro civil-salud), facturado como desarrollo a medida más soporte, no como licencia recurrente; (4) capacitación técnica a los equipos de informática de organismos estatales en integración de sistemas. La apertura parcial del sector privado a servicios de nube (T.168) podría permitir ofrecer hosting o cloud para sistemas no críticos que deban integrarse, pero explícitamente excluye infraestructura crítica del país, que sigue en manos estatales.
Perfil técnico de arquitectura de sistemas: diseño e implementación de APIs REST/SOAP, integración de bases de datos heterogéneas, ETL, definición de esquemas y estándares de intercambio de datos (XML, JSON Schema), y nociones de seguridad informática aplicada a sistemas gubernamentales. Ese perfil técnico por sí solo no basta: el acceso real a estos contratos depende de trayectoria o vínculos previos dentro del aparato estatal cubano de informática (haber trabajado en Desoft, Xetid, UCI o la dirección de informática de un OACE), porque la adjudicación de proyectos de este tipo pasa por relaciones institucionales y por habilitaciones de seguridad, no por una propuesta comercial abierta a cualquier proveedor.
El marco regulatorio de la informatización cubana —Decreto-Ley 370/2018 sobre la Informatización de la Sociedad, junto con el Decreto 359 (Industria del Software) y el Decreto 360 (Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)— exige certificación y supervisión de MINCOM sobre las soluciones, servicios e infraestructura tecnológica que procesen datos de organismos estatales. Cualquier desarrollo que conecte sistemas gubernamentales requeriría pasar por estos procesos de certificación de seguridad informática antes de tocar datos o infraestructura estatal, y el propio marco de apertura al sector privado en la nube (T.168) excluye explícitamente las plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país, dejando ese núcleo fuera del alcance de actores privados.
El obstáculo no es tecnológico sino político-institucional. La interoperabilidad requiere que cada organismo ceda control sobre su base de datos y su presupuesto de TI a un estándar común, y cada entidad estatal cubana ha desarrollado históricamente sus sistemas de forma aislada, sin incentivo institucional para compartir datos ni ceder autonomía técnica. Que el marco nacional sea "obligatorio" por decreto no garantiza presupuesto de implementación, personal técnico asignado, ni voluntad real de las direcciones de informática de cada ministerio de integrar sus sistemas: es exactamente el tipo de mandato que puede quedar en el papel mientras cada organismo sigue operando su isla de datos. El comprador es único (el Estado) y sus ciclos de decisión y pago son lentos; el desarrollo técnico está históricamente concentrado en Desoft y Xetid, que tienen relación institucional directa con los organismos, dejando a un actor privado nuevo en posición de subcontratista de segundo orden, compitiendo por fragmentos de un contrato ya asignado, sin garantía de continuidad si cambia la prioridad política o el organismo decide resolverlo internamente. No hay entorno de retorno predecible: el proyecto puede estancarse en fase de diseño sin llegar nunca a implementación pagada.
Esta oportunidad surge de la Transformación 164: Marco nacional de interoperabilidad, gobernanza de datos e IA obligatorio, dentro del Eje 21: Transformaciones en el ámbito digital, inteligencia artificial y economía del conocimiento.
Establecer el marco nacional de interoperabilidad obligatorio, de gobernanza de datos y de Inteligencia Artificial.