Negocio de recolección selectiva y economía circular que combina dos ingresos: el cobro de una tarifa de recogida de desechos a actores económicos (empresas privadas, mipymes y entidades estatales, sin subsidio, según la Transformación 49) y la venta de materiales recuperados —aluminio, cartón, plástico y vidrio— a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, a mipymes de manufactura circular o al mercado de exportación. No es un negocio de gestión de desechos genérico: nace directamente del esquema de tarifas diferenciadas que el propio Gobierno aprobó para financiar un servicio que colapsó.
La Transformación 49 crea, por primera vez, una base legal explícita para cobrar por la recogida de desechos sólidos mediante tarifas diferenciadas: sin subsidio para actores económicos y subsidiada (o por acuerdo) para hogares. Este modelo ya se está probando en la práctica antes de cualquier reglamento nacional: en agosto de 2026 la MIPYME Belmary comenzó a cobrar 100 pesos mensuales por vivienda en Isla de la Juventud, y el proyecto "El Rampeño" en La Habana fijó 100 pesos para hogares y desde 15,000 pesos mensuales para mipymes, negocios privados y entidades estatales, usando triciclos eléctricos para no depender de combustible. La urgencia es real: en febrero de 2026 solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana estaban operativos frente a una generación diaria de 24,000-30,000 metros cúbicos de desechos, con brotes de dengue, chikungunya y otras enfermedades asociadas a la acumulación de basura. El vacío que deja el colapso de Servicios Comunales, sumado a un canal estatal de compra de materiales ya existente (ERMP) y a la campaña oficial "Cuba Recicla", da a un operador privado tanto un servicio que cobrar como un insumo que vender.
El sector no está vacío, pero tampoco está resuelto. La Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas (ERMP) es el actor histórico y sigue siendo, siete décadas después de su fundación, el único comprador estatal formal de materias primas recicladas en todo el país, con campañas activas en 2026 ("Cuba Recicla") y reconocimientos como Vanguardia Nacional a delegaciones provinciales como la de Mayabeque. La recogida de desechos urbanos, en cambio, es responsabilidad de las empresas municipales de Servicios Comunales, cuyo colapso operativo (falta de camiones, combustible y neumáticos) es un hecho ampliamente documentado por prensa cubana e independiente durante 2025-2026. Ante ese vacío, ya han surgido experimentos concretos que anticipan exactamente el modelo de esta oportunidad: la MIPYME Belmary (Isla de la Juventud) y el proyecto de desarrollo local "El Rampeño" (La Habana) cobran hoy, puerta a puerta, por la recogida de desechos con tarifas diferenciadas entre hogares y negocios. En paralelo existen mipymes de economía circular ya operando —Enernova, ConServArte, Ecoplásticos Guerrero— y hasta 15 cooperativas no agropecuarias dedicadas a la recuperación de chatarra, además de un segmento informal de recolectores ("buzos") que la prensa cubana cita como responsable de una parte mayoritaria del material que hoy se recicla en el país.
Actor estatal histórico y único comprador formal a escala nacional de materiales reciclados (aluminio, cartón, plástico, vidrio, chatarra). Impulsa la campaña "Cuba Recicla 2026".
Prestador estatal histórico de la recogida de desechos sólidos urbanos, en colapso operativo documentado por falta de camiones y combustible.
Piloto de recogida puerta a puerta con tarifa de 100 pesos mensuales por vivienda, iniciado en agosto de 2026 en Nueva Gerona.
Proyecto de desarrollo local con triciclos eléctricos: 100 pesos/mes para hogares, desde 15,000 pesos/mes para mipymes, negocios privados y entidades estatales.
Empresas privadas ya operando en reúso de plástico y vidrio y fabricación de madera plástica a partir de residuos.
El mercado principal es B2B: actores económicos (empresas privadas, mipymes, cooperativas y entidades estatales) que bajo la Transformación 49 deben pagar tarifa plena y sin subsidio por la recogida de sus desechos, un segmento con mayor disposición y capacidad de pago que los hogares subsidiados. A eso se suma un segundo mercado, aguas abajo: la venta de materiales recuperados y clasificados (aluminio, cartón, plástico, vidrio) a la ERMP, a mipymes de economía circular como Ecoplásticos Guerrero o ConServArte, o a compradores de exportación, en un país donde, según fuentes de prensa cubana, recolectores informales ("buzos") ya aportarían una porción mayoritaria del material reciclado que hoy se procesa.
Ingreso combinado en dos capas, tal como habilita la Transformación 49: (1) tarifa de recogida cobrada a actores económicos —empresas privadas, mipymes, entidades estatales— sin subsidio, con los pilotos ya en marcha como referencia de precio (desde ~15,000 pesos mensuales por negocio en La Habana, frente a 100 pesos por vivienda subsidiada); (2) venta de los materiales recuperados y clasificados (aluminio, cartón, plástico, vidrio) a la ERMP, a mipymes de manufactura circular o, donde exista canal, a comprador de exportación. La flota de recolección (camión, carretón o triciclo eléctrico ante la escasez de combustible) y una planta simple de acopio/clasificación son la inversión de entrada; el acuerdo formal con el gobierno municipal o Consejo Popular para operar el esquema de tarifas es la pieza que determina si el negocio es legal y cobrable o informal y vulnerable.
Perfil operativo y logístico, no tecnológico: capacidad real de sostener una flota de recolección (vehículos, carretones o triciclos eléctricos, mantenimiento, combustible o carga solar) en un entorno de escasez crónica, y relación de trabajo directa con gobiernos municipales, Consejos Populares y Servicios Comunales, de quienes depende la autorización del área de cobertura y el esquema de tarifas diferenciadas. Se suma la capacidad de gestión de cobranza puerta a puerta —incluyendo el manejo de morosidad y de vecinos que se niegan a pagar—, y, para la pata de reciclaje, una relación comercial estable con la ERMP o con una mipyme compradora de material clasificado.
La actividad cruza dos autoridades distintas. El CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente), a través de sus delegaciones territoriales, controla el manejo ambiental de los desechos y el régimen de licencia ambiental aplicable a cualquier planta de acopio, clasificación o procesamiento de residuos. Los gobiernos municipales y las empresas de Servicios Comunales, por su parte, son hoy el prestador de referencia del servicio de recogida y previsiblemente los que deban autorizar o coordinar cualquier esquema de tarifas diferenciadas bajo la Transformación 49, como ya ocurre de facto con los pilotos de Isla de la Juventud y La Habana. A esto se suma la ERMP como canal estatal establecido para la comercialización formal de materias primas recicladas, lo que condiciona a quién y a qué precio se puede vender el material recuperado.
El riesgo estructural no es técnico ni de demanda de servicio: es de cobrabilidad. Durante décadas la recogida de basura fue gratuita o simbólicamente subsidiada en Cuba, y el propio esquema de la Transformación 49 supone convertir en pago obligatorio algo que la población y buena parte de los actores económicos nunca pagaron directamente. La experiencia ya documentada en los pilotos de Isla de la Juventud y La Habana confirma el problema antes incluso de que exista reglamento nacional: los proyectos empiezan recogiendo gratis a todos y solo después intentan cobrar, anticipando resistencia al pago, y recién entonces aparecen inspectores y medidas de presión contra quien no paga. En un país con escasez aguda de divisas, salarios que no siguen el ritmo de los precios y sin cultura previa de pago por este servicio, la morosidad —de hogares y también de mipymes y negocios pequeños con flujo de caja ajustado— no es un detalle operativo sino el principal factor que puede hacer inviable el negocio, incluso si la recolección funciona bien y el material se vende sin problemas. A esto se suma la dependencia de acuerdos discrecionales con gobiernos municipales, que pueden cambiar las reglas de área de cobertura o de tarifa en cualquier momento. No hay garantía de retorno: este es un negocio de márgenes ajustados, cobranza difícil y alta dependencia de voluntad política local, no una renta asegurada por la nueva normativa.
Esta oportunidad surge de la Transformación 49: Modelos de negocio para gestión de desechos sólidos, dentro del Eje 5: Transformaciones en la autonomía municipal.
Establecer mecanismos efectivos para la recogida de desechos sólidos y escombros a través de modelos de negocios, la inversión extranjera, y otros que puede incluir el pago de este servicio mediante tarifas diferenciadas: tarifa sin subsidio para actores económicos (estatales y no estatales); tarifa subsidiada para hogares según su nivel de ingreso y aquellos en situación de vulnerabilidad; tarifas por acuerdo con los residentes.