Plataforma digital de compraventa de propiedades estatales y privadas en Cuba con herramientas de búsqueda, valoración y gestión de transacciones para la diáspora e inversores.
La venta de propiedades estatales activa el mercado inmobiliario formal en Cuba con demanda masiva acumulada de la diáspora.
Ya operan varias plataformas cubanas de clasificados inmobiliarios —Hogar en Cuba (desde 2014, fuerte en Cienfuegos y La Habana), Mambbu (conecta compradores y vendedores directamente, sin comisiones) y CubanOSS Inmobiliaria— pero ninguna incorpora todavía la venta de propiedades estatales habilitada por la Transformación 34, ni herramientas de valoración profesional o gestión de transacciones más allá del anuncio clasificado. La nueva Ley de Vivienda, en consulta popular hasta el 28 de febrero de 2026 y pendiente de aprobación final, además amplía las facultades del Estado para intervenir y recuperar inmuebles, lo que añade complejidad regulatoria al segmento.
Mercado mixto con tres compradores distintos: diáspora con capital represado y demanda acumulada de vivienda familiar, inversores —nacionales y extranjeros, sujetos a demostrar origen lícito de fondos— interesados en derechos de superficie de hasta 99 años, y particulares cubanos residentes. Los portales existentes cubren bien el segmento de particulares pero no el de inversión institucional ni la venta de activos estatales.
Diferenciarse de los clasificados existentes (que cobran poco o nada por anuncio) con servicios de mayor valor: verificación de título y origen lícito de fondos —requisito legal explícito de la Transformación 34—, valoración profesional, y gestión de transacciones para compradores extranjeros o de la diáspora que no pueden estar físicamente en Cuba durante el proceso, cobrando comisión por transacción cerrada en vez de por anuncio publicado.
Perfil legal-inmobiliario con conocimiento de los requisitos de origen lícito de fondos y de la nueva Ley de Vivienda, más capacidad técnica para operar una plataforma. La capa de confianza (verificación, custodia documental) pesa más que el diseño del catálogo en un mercado donde los portales de anuncios ya existen.
Toda venta a personas naturales o jurídicas extranjeras, incluida la diáspora, requiere demostrar el origen lícito de los fondos, condición explícita de la Transformación 34. La nueva Ley de Vivienda —todavía en trámite de aprobación en la Asamblea Nacional a agosto de 2026— puede imponer restricciones adicionales sobre qué inmuebles subsidiados pueden transferirse y en qué plazos; ya existe una restricción de 15 años para vivienda subsidiada antes de poder venderla, donarla o permutarla.
El riesgo regulatorio es el más alto de esta lista: la Ley de Vivienda todavía no está aprobada en su versión final (estuvo en consulta popular hasta el 28 de febrero de 2026) y su borrador conocido amplía —no reduce— las facultades del Estado para intervenir y recuperar inmuebles, lo que puede chocar directamente con un modelo de negocio de compraventa fluida. Construir la plataforma antes de que se apruebe la ley final es apostar a una regulación que todavía puede cambiar el terreno de juego.
Esta oportunidad surge de la Transformación 34: Venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales, dentro del Eje 2: Transformaciones en las relaciones de propiedad.
Permitir la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, incluyendo a cubanos residentes en el exterior, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.