Plataforma B2B de infraestructura que conecta a las MIPYMEs y empresas mixtas cubanas autorizadas por el Banco Central de Cuba a operar con criptomonedas con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con licencia, y les resuelve el cumplimiento operativo: onboarding hacia el PSAV correspondiente, gestión de tesorería en cripto para sus pagos de comercio exterior, y generación del reporte trimestral obligatorio al BCC (montos, criptomonedas usadas, PSAV intermediario). No es una empresa que use cripto para sus propias operaciones: es la capa de intermediación y cumplimiento entre la empresa autorizada y el ecosistema de PSAVs licenciados.
La Resolución 4/2026 del Banco Central de Cuba, publicada el 23 de marzo de 2026 en la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 46, autorizó por primera vez a un grupo de entidades cubanas a usar criptomonedas para pagos transfronterizos vinculados a su objeto social, exclusivamente a través de PSAV licenciados por el BCC. Es la primera vez que Cuba concede este tipo de licencias operativas desde que reguló los activos virtuales en 2021. Antes de esta resolución, el uso corporativo de criptoactivos por una empresa cubana para comercio exterior no tenía cobertura regulatoria alguna; ahora existe un procedimiento formal, pero también una obligación de reporte trimestral y una autorización vigente por un año —prorrogable, pero no automática— que ninguna MIPYME pequeña tiene la estructura interna para gestionar por sí sola.
Mercado inicial extremadamente acotado: apenas 10 entidades —9 MIPYMEs y una empresa mixta— cuentan hoy con autorización del BCC para operar bajo la Resolución 4/2026, por lo que el universo de clientes directos es reducido. El patrón de aprobación observado hasta ahora —perfiles de informática y soluciones digitales como Dofleini, y una empresa mixta del sector sanitario como PROSA— sugiere que el BCC prioriza sectores tecnológicos y de importación de insumos críticos, y que seguirá otorgando licencias en esa dirección. El techo real de esta oportunidad no lo define la demanda potencial —cualquier empresa cubana con comercio exterior bloqueado bancariamente querría este servicio— sino el ritmo al que el BCC amplíe el número de licencias, tanto para empresas usuarias como para PSAVs.
Ingresos recurrentes por suscripción mensual, cobrada en USD o USDT, por el servicio de gestión de cumplimiento: generación del reporte trimestral al BCC, conciliación de operaciones por PSAV y alertas de vencimiento de la autorización anual. A eso se suma una comisión porcentual sobre el volumen de tesorería gestionado a través de la plataforma. La plataforma no custodia activos ni actúa como PSAV: opera como capa de software y coordinación sobre PSAVs ya licenciados, evitando así el peso regulatorio de manejar activos virtuales de forma directa.
Combinación de conocimiento normativo del marco cubano de activos virtuales (Decreto-Ley 43/2021, Resolución 4/2026) con capacidad técnica para integrarse vía API con PSAVs y construir herramientas de reporting financiero. Es indispensable tener, o desarrollar rápidamente, relación directa con el BCC y con las MIPYMEs ya autorizadas: el acceso a esas primeras 10 entidades es, al inicio, un activo más valioso que la tecnología misma. Puede construirse desde fuera de Cuba porque el producto es software, pero el trabajo de relación institucional y de onboarding de clientes exige presencia en la isla o un socio local con esa red.
Todo el modelo depende de una ventana regulatoria estrecha y todavía experimental: solo 10 empresas están autorizadas a la fecha, la autorización vence al año —aunque es prorrogable a solicitud del titular—, y el uso está restringido al objeto social declarado de cada entidad, no a un uso general. Si el BCC no amplía el número de licencias, tanto de empresas usuarias como de PSAVs habilitados, el mercado direccionable se mantiene minúsculo de forma indefinida, y una plataforma de intermediación necesita una base de clientes bastante mayor a 10 para ser viable. El segundo riesgo es de concentración regulatoria: como toda operación debe canalizarse a través de PSAVs licenciados por el BCC, un cambio de política del banco central —restringir aún más el uso, revocar licencias de PSAV o no renovar autorizaciones vencidas— puede reducir el mercado de la plataforma de un día para otro, sin que exista ningún colchón contractual que lo proteja.
Esta oportunidad surge de la Transformación 87: Marco regulatorio para activos virtuales y tecnologías financieras, dentro del Eje 11: Transformaciones y modernización del sistema bancario y financiero.
Implantar el marco regulatorio para activos virtuales y el uso de tecnologías financieras y expandir su uso para operaciones de cobros y pagos internacionales y nacionales. Crear entidades financieras para activos virtuales.